Hablar de un adelanto electoral con la que está cayendo puede parecer una barbaridad. Volver a llamar a los ciudadanos a las urnas cuando no han pasado seis meses desde la última consulta no parece muy sensato.
Lo que ocurre es que el PP, partido gobernante con mayoría absoluta, está incumpliendo, una por una, sus promesas electorales. De hecho, está haciendo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. Y el mandato que recibió de una mayoría de votantes fue para desarrollar otro programa.
Los populares se justifican en la herencia recibida del Gobierno anterior. Esa excusa es, lisa y llanamente, mentira. Sabían de sobra lo que había. Básicamente, consideran que somos idiotas (aquí me refiero a los gobernantes en general, sean del partido que sean). Esconder los Presupuestos Generales del Estado hasta la celebración de las autonómicas andaluzas es buena muestra de la opinión (desconsiderada) que tienen de nosotros. No haber sido capaces de llegar a ningún consenso en los últimos años en materias como educación, sanidad, o investigación es una vergüenza.
Cuando se establece un contrato entre dos partes, ambas quedas sujetas a unos derechos y deberes. En derecho está aceptado (como norma general, salvo contadas excepciones) que si una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra queda libre de llevar a cabo las suyas. En el caso del PP, es claro que ha habido un incumplimiento manifiesto de sus compromisos. Por lo tanto, deberían convocarnos a elegir un nuevo Parlamento.
El problema está en que el único partido que le puede hacer sombra (PSOE) no ha hecho sus deberes. Lo del Congreso de febrero en Sevilla no es más que un mal apaño. Es más divertido dedicarse a hacer videos de protesta (contrarrestados, por supuesto, por los del PP) que cuestan un dineral que buscar un equipo directivo competente y definir un Proyecto sólido de futuro para ofrecerlo al país. Y el resto de los partidos políticos son muy pequeños (y tienen parecidos problemas). Se podría acabar llegando a la situación de Grecia.
La situación, mientras tanto, se va agravando. Hace tiempo que se está jugando con fuego, y ya sabemos cómo terminan estas cosas. Tal y como está montado el sistema, el milagro sería que apareciera, dentro de los partidos políticos, un grupo de personas brillantes, con sólida formación y experiencia profesional, y lo que es más importante, con la actitud de dirigir pensando en el bien común y no en las próximas elecciones y en intereses particulares. Pero los milagros son, eso, milagros. Rara vez ocurren.
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Decíamos en el post del lunes que dos años después de aquella famosa noche en la que Zapatero tuvo que hacer un giro de 180º en su política y empezar a hacer recortes al Estado de Bienestar, las cosas no sólo no habían mejorado, sino que estaban peor.
La prima de riesgo superó ayer los 500 puntos básicos. Rajoy, de Guindos y Montoro han pedido a la UE que salga en defensa de la deuda pública y que España ha hecho todos los ajustes que tiene que hacer. En el fondo, no es más que una petición desesperada de ayuda.
Pero lo peor fueron las declaraciones de de Guindos y Montoro afirmando que en España no puede haber corralito. Si algo hemos aprendido durante estos años de nuestros gobernantes es que no se significan precisamente por decir la verdad.
Aún recuerdo las declaraciones de Elena Salgado o José Corbacho afirmando que España no superaría los 4 millones de parados. Luego, cuando la EPA marcaba 4,9 millones de desempleados, Salgado aseguró firmemente que “nunca llegaremos a 5 millones”. Por no hablar de los “brotes verdes”.
Pero este Gobierno se lleva la palma. Si se distingue por algo es por haber hecho exactamente lo contrario de lo que habían prometido. Su credibilidad es cero. Cada declaración efectuada por cualquier miembro del gabinete es una indicación de que podemos esperar justamente lo contrario. ¿De verdad esperan que confiemos en ellos esta vez?
Miles de millones de € públicos han ido a parar a las entidades financieras para evitar el colapso del sistema (en teoría). Ese dinero debería haber vuelta a entrar en circulación facilitando la liquidez de empresas y particulares. Nada de eso ha ocurrido. Los estrés-test son papel mojado.
El enfermo está realmente mal. Los responsables del desaguisado no han hecho frente a su nefasta gestión. No quiero ser alarmista, pero es mejor estar preparado para lo peor. La sociedad ha aguantado muchísimo. Pero cada vez veo más cerca que algo va a estallar.
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La semana pasada se cumplieron dos años desde aquella noche (del 9 al 10 de mayo) en la que Zapatero fue presionado por los principales dirigentes mundiales (Obama, Merkel,…) para que tomara medidas para atajar el déficit público español. De lo contrario, España sería intervenida. Zapatero obedeció. No tenía más remedio.
Los recortes, desde entonces, se han ido sucediendo uno tras otro. El PSOE ha perdido el Gobierno Central y prácticamente todos los autonómicos (resiste en Euskadi –no por mucho tiempo-, en Andalucía, donde también perdió las elecciones, y quizás pueda recuperar Asturias). El PP, partido que contaba, en teoría, con el apoyo de “los mercados”, acapara casi todo ese poder con mayorías absolutas, aunque ya se ha llevado un primer chasco en Andalucía. La situación, sin embargo, ha ido a peor. Estamos de nuevo en recesión y el paro sigue aumentando, a pesar de haberse aprobado una reforma laboral muy agresiva que supuestamente iba a solucionar el problema. Y las perspectivas no son muy halagüeñas.
Todo ello debería ser suficiente para tomar otro rumbo. En cualquier empresa privada gestionada con un mínimo de sentido común hace tiempo que así se habría hecho. En política las cosas funcionan, por desgracia, de otra manera. Para empezar, no hay ni un mínimo consenso entre los partidos sobre qué camino hay que seguir. El país se está desangrando y la discusión estriba en saber si son “galgos o podencos”.
El único aspecto que veo que puede hacer que la situación cambie es la extensión del “virus” de la crisis a países inmunes (en teoría) y con un tamaño lo suficientemente grande para asustar a los más firmes defensores de la ortodoxia liberal. Holanda, Bélgica y Austria están con problemas, y hay quien apunta hacia Francia (que recientemente acaba de elegir un nuevo presidente).
Veremos qué nos depara el futuro. Mis pequeños, mientras tanto, crecen sanos y fuertes.
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Hoy, 29 de marzo, hay huelga general contra la reforma laboral promovida por el Gobierno del PP. Yo, como se puede comprobar, estoy trabajando. Necesito hacerlo para sacar mi empresa adelante. Sin embargo, comprendo y respeto a aquellas personas que, cansadas de ser siempre las paganas, hayan decidido parar en esta jornada.
Como digo, comprendo y respeto, pero no comparto de ninguna manera la convocatoria efectuada por las centrales sindicales. Llevamos muchos años de depresión económica. Y como hemos manifestado en este blog en más de una ocasión, “los que mandan”, que son los que nos han llevado a este drama, proponen que “los de siempre” sean los que tengan que realizar sacrificios. Ellos, por supuesto, siguen cobrando sus maravillosos salarios y disfrutando de sus privilegios.
Pero el papel jugado por las centrales sindicales en este periodo ha dejado mucho que desear. Han sido incapaces de llegar a ningún acuerdo en las negociaciones que han mantenido con la patronal y el Gobierno. Porque se podían haber aceptado los sacrificios a cambio de contrapartidas y la asunción de compromisos. Contrapartidas como, por ejemplo, el establecimiento de diversas formas de participación en la gestión de una compañía, teniendo siempre claro que hay alguien (empresario) que arriesga su patrimonio y que, por lo tanto, tiene que tener siempre la última palabra. Creo que es bueno que las personas de una empresa se impliquen en que el negocio vaya bien. Otra contrapartida sería la del establecimiento de una manera de “compartir los éxitos”. Ahora se asume un sacrificio a cambio de que cuando lleguen los buenos tiempos también se compartan los beneficios.
Pero para que algo así sea posible, es necesario que desde las organizaciones sindicales se luche contra el profesional malo. Sobran en las empresas porque perjudican a todos. Y nunca he visto que desde los sindicatos se haga nada en este sentido.
Quizás sea demasiado idealista, pero está claro que para salir adelante habrá que hacer las cosas de otra forma. Por eso, la convocatoria de hoy me parece más de lo mismo para nada.
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Madrid y Barcelona pugnan por hacerse con la sede del complejo del juego “Eurovegas” (una réplica de Las Vegas). Promete 260.000 empleos (directos e indirectos) y un impacto de 15.500 millones de € en los próximos 10 o 15 años. Se calcula que el PIB subiría un 0,9%.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El inversor (situado en el ala derecha de los republicanos estadounidenses) exige, entre otras cosas, cambios en algunas leyes para acometer la inversión (supresión de la prohibición de fumar en espacios cerrados públicos y cierta equiparación de la normativa laboral española a la americana –con la consiguiente disminución de derechos para los trabajadores-). Estos cambios legislativos afectan a todas las administraciones del Estado, por lo que su resolución es compleja.
Independientemente del tipo de negocio que supone, con la derivada de la cualificación del empleo que se genera (que da para unos cuantos posts), lo que la actitud de los gobiernos catalán y madrileño nos muestra es la poca confianza que tienen en la recuperación económica en los próximos años.
Entiendo que quien va a realizar semejante inversión intente aprovechar su posición de fuerza para sacar el máximo provecho posible (como por ejemplo, exenciones fiscales que habría que ver si pueden ser consideradas ayudas estatales –no permitidas por la UE-). Pero crear una legislación laboral específica para quien trabaje en Eurovegas, además de ser inconstitucional, supondría crear una discriminación peligrosa frente a quien desarrolle su actividad de acuerdo al régimen común (que sería la inmensa mayoría de la gente). Madrid y Cataluña deberían dejar claro que hay ciertas cosas que no se pueden tocar. Pero de momento, no lo han hecho.
Cierto es que en el momento actual, con un país que puede cerrar el año con 6 millones de parados y con una economía deprimida, este proyecto puede parecer “el gordo de la lotería”. Pero hay caramelos que están envenenados. Y si no, que pregunten en Aragón, que hace años impulsó un proyecto parecido, que finalmente quedó en nada. Los políticos que apostaron por él no quieren saber nada de lo sucedido.
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