Según los juristas, la reforma laboral está siendo aplicada por las empresas para sustituir trabajadores mayores (más caros) por otros jóvenes que son mucho más baratos, en lugar de potenciar la aplicación de la “flexibilidad interna”, que era uno de los objetivos previstos.
Si esto fuera verdad (algo que no pongo en duda), se estaría poniendo de manifiesto, una vez más, la visión cortoplacista de la clase empresarial española, clave, a mi juicio, de la falta de competitividad del tejido económico español, que se sustancia en la incapacidad del mismo para emplear a su población activa.
Porque todo se acaba reduciendo al coste. “Quito a esta persona que es más cara e incorporo a esta otra que es más barata”. Lo importante, en mi opinión, es el rendimiento. Y si bien es verdad que un joven puede tener mucha mejor preparación teórica, le falta el componente fundamental de la experiencia (que solo se obtiene con los años de trabajo).
Las empresas, lo hemos dicho muchas veces, se crean con el fin de cubrir necesidades detectadas. Y las necesidades, sabido es, varían con el tiempo. Y es deber de toda compañía adaptarse a esos cambios para poder seguir manteniendo su competitividad. Es obvio, por lo tanto, que las personas que realizan su tarea también deben evolucionar. La empresa está obligada a que sus integrantes adquieran conocimiento aplicable en su campo de actuación.
Todo ello requiere la realización de evaluaciones periódicas, observando las fortalezas de la persona y sus puntos de mejora. En este proceso hay que utilizar recursos (tiempo y dinero), que en la mayoría de las organizaciones son considerados como un gasto, cuando claramente son una inversión clave para la futura supervivencia de la empresa.
Es más cómodo tirar por la vía fácil de cambiar una persona mayor por otra más joven (y barata). Pero en la vida, lo más cómodo no suele resultar lo más conveniente.
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Una de las definiciones de la palabra “simple” que la RAE da es la de “mentecato, abobado”. Eso es lo que me ha venido a la cabeza para definir a José Luis Feito, presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, cuando afirma que “en el 80% de los casos los parados rechazan trabajos porque implican trasladarse de un barrio a otro”. Desconozco de dónde saca esa estadística, pero yo no me la creo (por cierto, su rueda de prensa no tiene desperdicio).
Parece que es más fácil derivar las responsabilidades hacia afuera que hacer autocrítica. Una clase empresarial mediocre, que tuvo durante muchísimo tiempo un presidente (Díaz Ferrán) que está imputado por la negligente gestión de sus empresas, no está en posición de sentar cátedra en prácticamente nada.
En lugar de admitir la falta de competitividad del tejido productivo español por haber confiado en el “ladrillo” como fuente perpetua de obtención de ingresos y no haber invertido recursos en desarrollar nuevos sectores o salir (cuando había que hacerlo) al mundo a vender sus productos, esta gente se dedica a dar consejos a la Administración sobre cómo debe gestionar el mecanismo de solidaridad vigente para aquellas personas que se encuentran en situación temporal de desempleo. Quizás teman perder las cuantiosas subvenciones que reciben de la misma.
Sería bueno tener datos concretos sobre el número de parados que rechazan ofertas de trabajo (y sus condiciones) en otros lugares y que prefieren seguir cobrando el paro. Apuesto a que no hablamos de grandes cifras, por la sencilla razón de que las empresas ahora tienen muchísimas personas para elegir en sus propias localizaciones, sin necesidad de buscarlas en otros lugares.
Así que a este señor habría que decirle aquello de “zapatero, a tus zapatos” (va sin segundas intenciones). Se hacen llamar empresarios, pero en el fondo son unos auténticos “paquetes”.
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El Gobierno aprobó hace una semana una nueva reforma laboral, que el ministro De Guindos definió como “agresiva”. Rajoy acaba de afirmar que no va a dar resultados “a corto plazo”.
Me maravilla la facilidad con la que se intenta simplificar la solución de problemas complejos. Desde que estalló la crisis se viene hablando de la necesidad de la reforma laboral. Pero si se mira con detenimiento el paro en el Estado, veremos que hay grandes diferencias en el porcentaje de desempleados en cada autonomía, todas con la misma ley. Por tanto, es obvio que el problema de que muchas personas no puedan trabajar no está ahí.
Roberto Centeno ofrece en su columna de “Cotizalia” de los lunes unos datos muy interesantes sobre la inutilidad de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno. Los podéis ver en el link, pero como resumen, cita que el paro ha subido desde finales de 2007 en un 89% (700.000 autónomos y 1,7 millones de personas con contrato temporal) por causas no atribuibles a la rigidez del mercado laboral (la del pago de la famosa indemnización de 45 días).
Yo soy empresario. No están siendo tiempos fáciles. Creé la empresa en diciembre de 2008, es decir, “salí a la mar en plena tempestad”. Por mucho que abaraten el despido (algo que, egoístamente, me beneficia), o que ahora tenga mayor poder para establecer las condiciones laborales de mi compañía, no voy a contratar a nadie hasta que no tenga demanda que me justifique la incorporación de nuevas personas.
El problema del paro en España, es pues, muchísimo más complejo que el de cambiar la ley laboral. El tejido productivo es el que es y da lo que da. Los cambios en el mismo se tenían que haber preparado en los tiempos de bonanza. No se hizo, y el resultado es que hoy se superan ampliamente los 5 millones de parados, lo que supone una “bomba de relojería” que, de seguir así, en algún momento va a estallar.
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Sindicatos y CEOE andan negociando una nueva reforma laboral para cambiar la destrucción de empleo que está ocurriendo en España. 5 millones de parados es una bomba de relojería. Sin embargo, mucho me temo que su eficacia va a ser nula.
Cierto es que sería bueno simplificar la normativa laboral existente, reduciendo las distintas modalidades de contrato que hay. Y también es bueno que se agilicen los trámites para reducir plantillas cuando las circunstancias así lo requieran. Supongo que se querrá retocar la indemnización por despido, pero sinceramente, creo que no está ahí el problema. La indemnización supone para la empresa un problema de liquidez, no de coste. Cualquier directivo debería saber que las “vacas gordas” no duran siempre, que vendrán tiempos de estrechez, y que por lo tanto, en los tiempos de bonanza hay que guardar dinero para poder afrontar una reestructuración de plantilla (cuando sea necesario). Sin embargo, es evidente que en muchísimas empresas no se ha actuado de esta manera.
En mi opinión, la causa de que el paro sea tan alto en España es la mediocridad de su tejido empresarial. Sus productos y servicios son de menor calidad que los de los países desarrollados y más caros que los de los emergentes. Se han desaprovechados los años de crecimiento (que han sido unos cuantos y donde muchas empresas han ganado mucho dinero) con escasa inversión en mejorar la oferta y ganar nuevos mercados. Ahora se recogen las tempestades de los vientos que se sembraron, y aparecen las prisas por salir de esta zozobra. Pero los milagros no existen (salvo en Lourdes o Fátima).
¿Quiere esto decir que los profesionales españoles son mediocres? ¡NO! El problema está en las “alturas”, en los empresarios y directivos (abundantes) que no tienen visión a largo plazo y que, en consecuencia, no preparan a sus organizaciones para que sean capaces de adaptarse a las distintas situaciones que se van a encontrar.
Por eso, más que una reforma laboral, España necesita una revolución empresarial, donde los buenos profesionales sean reconocidos y tomen el mando de las empresas. Pero creo que los tiros, de momento, no van por ahí. ¡El drama va para largo!
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Recuerdo cuando era pequeño y los domingos no se vendía pan. Había que comprarlo el sábado y congelarlo para que al día siguiente estuviera decente. Un día empezaron a aparecer tahonas que abrían los domingos y que lo ofrecían recién hecho. El gremio de los panaderos protestó e intentó el boicoteo. Compraban una barra y pagaban con un billete de 5.000 pesetas (hablamos de finales de los 80). Pero todo fue inútil. La gente quería pan fresco a diario, domingos y festivos incluidos. Hoy son muchísimas las tahonas que abren cada día.
Los hábitos de nuestra sociedad han cambiado, y por lo tanto, sus necesidades también. Prácticamente se funciona 24 horas al día los 7 días de la semana durante todo el año. Los usos de los consumidores no son los de antaño.
Por ello, las autoridades han decidido liberalizar los horarios de apertura de los comercios, permitiendo la actividad en determinados domingos (en unos sitios más que en otros). En Bilbao, por ejemplo, se permite abrir en 8 de ellos. Algunas tiendas están intentando ejercer su derecho, pero se han encontrado con protestas de los sindicatos. Los compradores son insultados, y necesitan la protección de la policía. Y eso no está bien.
Yo no sé si hay demanda que justifique la apertura dominical (el tiempo lo dirá). Pero lo que es seguro es que si se confirma la bondad de la medida, supondrá mayores ventas, y por lo tanto, la creación de nuevos puestos de trabajo. Hay una extensa legislación laboral que regula los derechos y deberes de los trabajadores. Y los sindicatos deberían velar por que se respeten esos derechos. Para eso se negocia, para que todas las partes salgan ganando. Pero no se puede increpar a quien decide entrar a una tienda a consumir. No olvidemos que los clientes son la razón de la existencia de sus puestos de trabajo.
Escribo este post desde un país en el que las tiendas no cierran durante todo el año. Y como consumidor tengo que reconocer que la vida es mucho más fácil. ¿Tanto cuesta llegar a un acuerdo que mejore la oferta a los clientes y respete los derechos de los trabajadores?
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